El anuncio fue realizado este lunes por el vocero presidencial Manuel Adorni. La medida se aplicará en todo el país y apunta a reforzar el régimen penitenciario a través del plan “Ocio Cero”.
El Gobierno nacional eliminó los planes sociales y el uso de celulares dentro de las cárceles argentinas. La decisión fue confirmada este lunes por el vocero presidencial Manuel Adorni, como parte de una nueva etapa del plan “Ocio Cero”, impulsado por los ministerios de Justicia y Capital Humano.
Según precisaron desde Casa Rosada, la medida ya está en vigencia en todos los establecimientos penitenciarios del país. Las personas con condena penal firme ya no podrán cobrar ningún tipo de asistencia social estatal y se les restringirá el acceso a teléfonos móviles durante el cumplimiento de sus penas.
El objetivo es eliminar privilegios y promover el trabajo obligatorio
El plan “Ocio Cero” establece que los internos deben colaborar con el mantenimiento de los penales y cumplir tareas durante su estadía, dejando atrás la inactividad que caracteriza a gran parte del sistema actual. De esta forma, se busca fomentar la disciplina, la reinserción laboral y el orden interno.
“La cárcel no es un hotel ni un recreo”, afirmó Adorni durante su habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno, remarcando el cambio de enfoque que busca implementar el Ejecutivo.
Cruce de datos y controles más estrictos
Desde el Ministerio de Capital Humano confirmaron que ya se inició el cruce de bases de datos entre ANSES, el Servicio Penitenciario Federal y el Registro Nacional de Reincidencia para detectar y suspender de manera automática todos los beneficios sociales otorgados a personas condenadas penalmente.
En paralelo, el Ministerio de Justicia avanza con la implementación de nuevos mecanismos de control tecnológico para restringir el uso de celulares, herramienta que, en muchos casos, era utilizada para coordinar estafas o continuar manejando estructuras delictivas desde las celdas.
Repercusiones y próximas etapas
La medida fue celebrada por sectores que reclaman un endurecimiento del régimen penitenciario, aunque también recibió críticas de organizaciones de derechos humanos, que advirtieron sobre posibles afectaciones al debido proceso y a las condiciones de detención.
Desde el Gobierno insisten en que la iniciativa respeta la legislación vigente y que se trata de “una política de orden y justicia”, destinada a garantizar que las cárceles dejen de ser “un lugar de privilegios”.
