El Gobierno formalizará esta semana la quita de los intermediarios de los planes sociales con la disolución de las Unidades de Gestión, que, según fuentes oficiales, costaban al Estado alrededor de 34 millones de dólares al año.
En la decisión del Poder Ejecutivo de disolver los Potenciar Trabajo, las mayores críticas de fuentes oficiales estuvieron orientadas hacia las unidades, que son más de 300 en todo el país y dependían de movimientos sociales, organizaciones, cooperativas y municipios.
“Lejos de constituirse como un instrumento de inclusión efectiva, el Plan Potenciar ha evidenciado serias falencias estructurales que han limitado su alcance y efectividad”, sostienen fuentes del ministerio de Capital Humano al explicar su decisión de eliminar las unidades.
“Las unidades de Gestión, encargadas de coordinar y administrar las prestaciones y proyectos del programa, se han transformado en lo que algunos denominan “gerentes de la pobreza”, controlando a los beneficiarios a través de mecanismos de presentismo y gestión burocrática que, lejos de potenciar la autonomía y el crecimiento personal, han favorecido la intermediación y la perpetuación de la dependencia”, dicen en el ministerio que encabeza Sandra Pettovello.
